Una rendición de cuentas en terreno
La escena fue poco habitual para una rendición de cuentas ministerial: pupitres, pizarras y preguntas de estudiantes. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, eligió la Escuela Rural San Pedro, en Copiapó, para presentar su última Cuenta Pública Participativa del período. La idea no fue llevar un discurso al auditorio, sino conversar con la comunidad educativa, escuchar sus inquietudes y explicar en palabras simples qué se ha hecho y qué falta en la agenda ambiental.
El formato participativo, que el Gobierno ha extendido en distintas carteras, busca algo básico pero esquivo: que las políticas públicas salgan de las oficinas y se contrasten con la experiencia real de la gente. En una región como Atacama, donde la escasez hídrica, la presión sobre los ecosistemas y la convivencia con la actividad minera son parte del día a día, esa conversación tiene otra textura. La escuela rural, además, pone sobre la mesa un tema clave: cómo la educación puede convertir a niñas y niños en protagonistas de cambios concretos, desde el uso eficiente del agua hasta el manejo de residuos.
La Cuenta Pública Participativa no es un acto simbólico. Permite preguntas abiertas, recoge comentarios y deja actas para seguimiento. Esa trazabilidad importa: es diferente prometer desde Santiago que escuchar a un director o una apoderada que lidian con problemas muy específicos, como la falta de sombra en patios a 30 grados o la dificultad de acceder a puntos limpios. En Copiapó, ese aterrizaje es aún más urgente por la fragilidad del río, la desertificación y el estrés hídrico acumulado.
La elección del lugar también envía una señal política: la cartera quiere estar cerca de territorios que suelen quedar fuera del foco mediático. No es lo mismo hablar de metas de reciclaje mirando un gráfico que hacerlo frente a una comunidad que no cuenta con servicio de recolección diferenciada. Tampoco es igual hablar de biodiversidad sin mirar el entorno: vegas altoandinas, humedales costeros y suelos que sufren con las olas de calor.
Agenda ambiental: avances, pendientes y lo que se juega Atacama
En la rendición, el ministerio repasó hitos que marcaron la política ambiental reciente. Uno de los más relevantes fue la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), aprobada en 2023 tras años de debate. Ese servicio ordena la conservación de ecosistemas, fortalece la gestión de áreas protegidas y sienta bases para restauración ecológica. En una región con ecosistemas frágiles y presiones múltiples, contar con un órgano especializado no es un detalle técnico; es una herramienta para cuidar el territorio con reglas claras.
Otro eje fue la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Chile se comprometió a alcanzar la carbono neutralidad a 2050 y la ley obliga a planificar con presupuestos de emisiones, planes sectoriales y acciones concretas de adaptación. En el norte, adaptación significa preparar ciudades para olas de calor más intensas, mejorar la gestión del agua, proteger humedales y ordenar el crecimiento urbano para evitar impactos en suelos ya estresados.
También hubo espacio para el acceso a la justicia y la participación ambiental. Con el Acuerdo de Escazú vigente, las comunidades tienen más herramientas para informarse, opinar y defender sus derechos. Esto importa en proyectos de alto impacto, donde la consulta temprana y la transparencia evitan conflictos que terminan trabando inversiones y generando desconfianza. La lógica es sencilla: avisar antes, escuchar de verdad y ajustar cuando hay argumentos.
En residuos, el avance corrió por cuenta de la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), que instala metas de recolección y valorización para envases y otros productos. Se traduce en nuevos sistemas de gestión, puntos de acopio y cambios en la industria. Pero su aterrizaje no es automático: sin infraestructura local, las metas quedan en el papel. Regiones como Atacama necesitan circuitos de recolección, trazabilidad y apoyo municipal para que el reciclaje no dependa del bolsillo de cada familia.
La transición energética también apareció en la conversación. Atacama es una potencia solar y ha sido clave en la expansión de renovables en Chile. Eso trae beneficios —reducción de emisiones, empleo, innovación— y desafíos: líneas de transmisión saturadas, gestión de suelos y convivencia con comunidades. Las soluciones técnicas (almacenamiento, flexibilidad de la red) deben ir de la mano con procesos de participación que eviten errores que ya se han visto en otros territorios.
Para la comunidad de la Escuela San Pedro, el enfoque bajó a tierra. ¿Cómo se cuida el agua en el patio? ¿Qué se hace con los residuos del casino? ¿Cómo se educa para el clima en clases de ciencias y en la vida diaria? La cartera impulsó guías educativas, programas de reciclaje escolar y apoyo a proyectos locales de eficiencia hídrica. No son piezas glamorosas de política pública, pero construyen hábitos y muestran resultados medibles en poco tiempo.
Quedaron, por supuesto, tareas pendientes. La fiscalización ambiental necesita más músculo en regiones: la Superintendencia del Medio Ambiente requiere recursos para controlar vertimientos, emisiones y planes de manejo. La implementación del SBAP exige reglamentos claros y financiamiento estable. La REP tiene que salir de las capitales regionales y llegar a localidades pequeñas. Y la adaptación climática debe redoblar su foco en infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, más baratas y efectivas para ciudades con poca sombra y altas temperaturas.
En el plano institucional, la Cuenta Pública Participativa es un termómetro de confianza. Si las preguntas quedan sin respuesta o los compromisos se diluyen, el formato pierde credibilidad. Por eso, el seguimiento es clave: identificar plazos, responsables y resultados. En educación ambiental, por ejemplo, es razonable fijar metas anuales de cobertura, capacitación docente y proyectos financiados, con reportes públicos y comparables.
El contexto nacional añade presión. Chile debe actualizar su contribución climática y ordenar la hoja de ruta para la neutralidad, mientras acelera la salida del carbón y aborda la eficiencia energética. Todo eso convive con urgencias sociales: seguridad, empleo y costo de la vida. La política ambiental no puede ir por carriles separados; tiene que mostrar beneficios concretos en la vida cotidiana, como cuentas de luz más bajas, barrios más frescos y aire más limpio.
En Copiapó, la conversación dejó un mensaje transversal: la política ambiental no es solo macro ni tampoco un catálogo de prohibiciones. Implica innovación, empleo local, mejor salud y educación con propósito. Una escuela rural es un buen lugar para recordarlo. Allí, entre preguntas honestas y ejemplos simples, se vuelven evidentes los aciertos, las brechas y la urgencia de acelerar lo que funciona.
Con la Cuenta Pública Participativa final del período, el Ministerio del Medio Ambiente puso su balance sobre la mesa y recogió tareas para el próximo ciclo. El desafío ahora es ejecutar, medir y volver a rendir cuentas, no en un podio, sino donde las decisiones hacen diferencia: en los territorios.