El ruido de la artillería se apagó a medianoche. Tailandia y Camboya aceptaron un alto el fuego inmediato e incondicional tras cinco días de combates en su frontera común, un estallido que dejó al menos 33-35 muertos según recuentos coincidentes y forzó evacuaciones masivas en el lado tailandés. La pausa llega después de que el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, actuara como mediador en nombre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y de que Naciones Unidas advirtiera del riesgo de un deterioro rápido y sangriento.
El acuerdo fue anunciado el 28 de julio de 2025, con entrada en vigor a partir de la medianoche del martes, hora local. La escalada, iniciada el 24 de julio, combinó tiroteos, fuego de artillería, lanzamientos de cohetes e incluso bombardeos aéreos tailandeses en territorio camboyano. Bangkok confirmó 13 civiles muertos, 32 heridos y la muerte de un soldado. En el terreno, infraestructuras civiles —incluidos hospitales y estaciones de servicio— resultaron alcanzadas, lo que incrementó el miedo y el caos entre las poblaciones fronterizas.
La emergencia humanitaria fue creciendo con el paso de las horas: alrededor de 40.000 civiles de 86 aldeas tailandesas fueron evacuados, aunque algunas estimaciones elevan la cifra total de desplazados hasta 168.000 personas. Los refugios improvisados en escuelas y centros comunitarios se llenaron, con familias separadas, suministros tensos y carreteras cortadas por la inseguridad y los impactos.
Qué se acordó y quién lo medió
La mediación de Kuala Lumpur llegó en el momento justo. Anwar Ibrahim, como presidente de turno de la ASEAN, describió conversaciones "francas" con el primer ministro camboyano, Hun Manet, y con el primer ministro interino tailandés, Phumtham Wechayachai. El resultado: compromiso de cese inmediato, sin condiciones, y una hoja de ruta para "volver a la normalidad" que incluye contactos militares directos y reuniones técnicas para rebajar tensiones en los puntos calientes de la línea fronteriza.
El calendario inmediato contempla encuentros entre mandos militares y representantes de ambos países con el objetivo de evitar nuevos incidentes y crear un canal de comunicación permanente. Este tipo de “líneas rojas” y reuniones a nivel de frontera han funcionado en el pasado en el Sudeste Asiático para desactivar crisis puntuales: no sustituyen una solución definitiva, pero ayudan a que pequeños roces no vuelvan a convertirse en fuego cruzado.
El respaldo internacional fue nítido. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la pérdida de vidas, las heridas a civiles y los daños en viviendas e infraestructuras a ambos lados de la frontera, y urgió a resolver diferencias por la vía del diálogo. En términos prácticos, esa presión política busca tres cosas: protección de civiles, acceso humanitario sin trabas y mecanismos verificables que garanticen que el alto el fuego no es un paréntesis, sino un punto de inflexión.
Sobre el terreno, los retos siguen siendo serios. El retorno de los desplazados dependerá de que los bombardeos no se reanuden, de que haya desminado y de que funcionarios locales certifiquen que escuelas, centros de salud y carreteras pueden funcionar con seguridad. En temporada de lluvias, además, cualquier operación de ayuda y retorno se complica: caminos embarrados, logística más lenta y mayor vulnerabilidad para quienes acampan a la intemperie.
Para las economías locales, el cierre de pasos fronterizos durante los combates ya pasó factura. El comercio transfronterizo de alimentos, materiales de construcción y gasolina se detuvo por días, lo que afectó a pequeños comerciantes y transportistas. Si el alto el fuego se sostiene, reabrir esos pasos con protocolos de seguridad será clave para aliviar tensiones sociales y devolver ingresos a miles de familias.
Raíces del conflicto y por qué estalló ahora
La herida no es nueva. La disputa hunde sus raíces en los tratados coloniales de 1904-1907 entre el Reino de Siam y el Protectorado Francés de Camboya, acuerdos que dejaron mapas ambiguos y zonas de soberanía discutida. En 1962, la Corte Internacional de Justicia otorgó a Camboya la soberanía sobre el templo de Preah Vihear, un fallo que enfrío relaciones y alimentó recelos que nunca terminaron de apagarse. En 2013, la propia corte aclaró que el promontorio inmediato al templo también quedaba bajo soberanía camboyana, pero dejó sin cerrar todos los segmentos de la frontera.
El símbolo pesa: templos como Preah Vihear o el complejo de Prasat Ta Muen Thom condensan identidad, religión e historia, y cualquier gesto en ellos tiene eco nacional. Este año, las tensiones venían al alza: en febrero, tropas tailandesas impidieron que visitantes camboyanos cantaran su himno en Prasat Ta Muen Thom, un gesto que irritó a Phnom Penh. En mayo hubo choques armados en el llamado Triángulo Esmeralda, la zona donde convergen Tailandia, Camboya y Laos, y que suele actuar como termómetro de la relación bilateral.
Los episodios recientes se suman a una cronología con precedentes: entre 2008 y 2011 hubo choques intermitentes en torno a Preah Vihear, con víctimas y daños que llevaron a mayores a la mesa de la ASEAN. El patrón se repite: perímetros mal delimitados, presencia militar cercana, percepciones de provocación y, de fondo, una gestión política sensible en dos capitales donde la opinión pública no perdona señales de debilidad territorial.
¿Por qué ahora? Hay varios factores que encajan. Primero, el calendario político: los ciclos internos en Bangkok y Phnom Penh condicionan cuánto margen hay para ceder. Segundo, la geografía: la orografía en esa franja —cordilleras, bosques, antiguos campos minados— hace difícil verificar movimientos y atribuir responsabilidades cuando estallan los primeros disparos. Tercero, la información: en las primeras horas de una crisis, la avalancha de vídeos y mensajes sin contexto alimenta narrativas opuestas y eleva la presión para responder con fuerza.
Los datos de víctimas y daños, aunque fragmentarios, aportan dimensión humana al conflicto. Según Bangkok, murieron 13 civiles y un soldado, y hubo 32 heridos. Las evacuaciones en Tailandia afectaron a decenas de miles de personas de 86 aldeas, con reportes que elevan el total de desplazados hasta 168.000. En Camboya, aunque las cifras oficiales no se han consolidado, las autoridades locales reportaron comunidades cerca de la línea de fuego bajo impacto de artillería y cohetes, además de cortes eléctricos y escasez de combustible en algunas zonas.
La siguiente fase se jugará en mesas discretas: comités conjuntos de demarcación para revisar segmentos de frontera, patrullas coordinadas y protocolos sobre actividades civiles en áreas sensibles (turismo, actos patrióticos, festivales). Un avance plausible sería acordar zonas tampón donde las fuerzas se mantengan a distancia y avisos previos para movimientos de tropas. Otro, establecer observadores de ambos ejércitos en puntos críticos con comunicación directa 24/7 para desactivar incidentes en minutos, no en horas.
La ASEAN, a menudo criticada por su discreción, opera mejor cuando logra que las partes hablen y se escuchen sin focos. Malasia, como mediador, ha conseguido un primer paso: apagar la mecha. Falta consolidar el alto el fuego, garantizar asistencia a los civiles y encarar la pregunta de fondo: cómo traducir fallos internacionales y mapas antidiluvianos en una frontera viva que permita a las comunidades seguir con su día a día sin miedo.
Mientras tanto, en las aldeas a ambos lados, la gente quiere lo básico: volver a casa, saber que la escuela abrirá mañana y que el hospital no será objetivo. Si la tregua aguanta, esa normalidad humilde será la mejor noticia para una región que no puede permitirse más incendios en su periferia.